“Frente al cambio climático, menos CO2”
Las asociaciones ecologistas, vecinales, de consumidores, sindicatos, plataformas ciudadanas, organizaciones sociales y de desarrollo convocantes, en representación de muchos ciudadanos y ciudadanas preocupados por el cambio climático, manifestamos la urgente necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que son la principal causa del mayor problema ambiental al que se enfrenta la humanidad.
El cambio climático está provocado por la actividad humana y sus impactos ya son evidentes. El IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas), en su último informe señala que la temperatura media ha subido 0,74º C en los últimos 100 años. Sin embargo, el IPCC también confirma que esos impactos se pueden mitigar estabilizando los gases de efecto invernadero de modo que no se superen los 2ºC de incremento de la temperatura global respecto a la época preindustrial, usando para ello las tecnologías actualmente disponibles o aquellas que se espera sean comercializadas en las próximas décadas e incidiendo en el ahorro energético.
Se trata además de un problema que afecta y afectará de forma más severa a los países empobrecidos que en modo alguno son responsables de su génesis. Entre las consecuencias más graves está la pérdida de producción agraria que aumentaría la inseguridad alimentaria, mayores dificultades para disponer de agua y mayor vulnerabilidad a enfermedades y catástrofes climáticas como sequías o inundaciones. Hay consenso en que el cambio climático hará crecer el número de refugiados ambientales.
En España esta subida de temperatura ha sido aún mayor y ello se ha traducido en que nuestros glaciares han reducido su extensión y las olas de calor y las sequías (como la que ahora padecemos) son cada vez más frecuentes. Es también perceptible una menor disponibilidad de recursos hídricos. Todos estos factores están teniendo ya graves consecuencias para sectores importantes de la economía como el agrario y el turístico.
Nuestro país debe reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero. El Gobierno no tiene excusas para no actuar con la contundencia que los datos reflejan, particularmente dado el aumento de las emisiones en España, muy por encima del límite marcado por el Protocolo de Kioto.
A finales de Enero, la Comisión Europea presentó el “Paquete energético europeo” constituido por diferentes documentos legislativos para reducir las emisiones Europeas. Consideramos que el objetivo de reducción establecido en este paquete es insuficiente ya que considera la reducción global del 20% de emisiones para el año 2020 para Europa de los 27, comparado con los niveles de 1990, cuando los científicos del IPCC hablan de que se necesitan reducciones en los países desarrollados de entre el 25% y el 40% para evitar impactos destructivos en los ecosistemas, la economía y las sociedades. También es este el nivel de reducción reflejado en el acuerdo alcanzado por Naciones Unidas en Bali, y es el propio objetivo de la Unión Europea.
Por ello pedimos a los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas que implanten objetivos, planes y medidas concretas y urgentes para luchar contra el cambio climático y al gobierno que lidere esta lucha abogando por objetivos dentro de la Unión Europea mas ambiciosos. Pedimos que el gobierno apoye objetivos de reducción dentro de la Unión Europea, al menos un 30% para el año 2020 y un 80% para el año 2050, y adicionalmente a ello destine fondos para financiar la adaptación en países empobrecidos y su desarrollo limpio, que pueden proceder de la fiscalidad sobre los combustibles fósiles y nucleares. Estos fondos deben acompañarse de transferencias de tecnología en condiciones justas y de un cambio en las reglas del comercio mundial que reduzcan las desigualdades.
Además, el reparto que se ha hecho entre los Estados miembros tiene un efecto perverso para algunos países como España que han aumentado mucho sus emisiones entre 1990 y 2005. El objetivo de reducción de emisiones para nuestro país es más ambicioso en 2012 que el propuesto para 2020. Esta inexplicable situación no incentiva medidas de eficiencia energética en sectores como la edificación y el transporte. Por ello, pedimos al gobierno que cumpla el Protocolo de Kyoto principalmente con medidas internas y se comprometa con objetivos nacionales para 2020 mucho mas ambiciosos que los establecidos en el Paquete energético, que en ningún caso deberán ser menos ambiciosos que los establecidos por el Protocolo de Kioto.
Asimismo, el objetivo del borrador de la Directiva europea relativo a energías renovables es insuficiente para España si se quiere mantener el liderazgo en el sector. No debe además olvidarse que en nuestro país existen abundantes recursos energéticos renovables, un tejido industrial potente y en claro desarrollo y un nivel científico y tecnológico puntero. Según los datos disponibles, en 2007, había en España unos 90.000 puestos de trabajo directos en energías renovables, que ascendían a casi 200.000 si también se consideran los empleos indirectos. Un empleo que además es estable y de alta cualificación. Considerando el gran potencial español, nuestro país podría asumir un objetivo superior a otros países con menores posibilidades para estos desarrollos. Pedimos que se establezca que, al menos, el 30% de la energía primaria en España proceda de fuentes renovables en 2020.
Los cambios más urgentes y necesarios deben centrarse en la planificación energética a medio y largo plazo (modificando las leyes del sector eléctrico y de hidrocarburos en lo que sea necesario). Deben establecerse objetivos para el ahorro de energía y la producción renovable, tales como: reducción de la demanda de energía primaria en un 20% respecto a 2005 para 2020, contribución de las renovables a la energía primaria del 30% en 2020 y del 80% en 2050, a la generación de electricidad del 50% en 2020 y del 100% en 2050, y a la climatización de edificios del 80% en 2050.
El cambio climático está provocado por la actividad humana y sus impactos ya son evidentes. El IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas), en su último informe señala que la temperatura media ha subido 0,74º C en los últimos 100 años. Sin embargo, el IPCC también confirma que esos impactos se pueden mitigar estabilizando los gases de efecto invernadero de modo que no se superen los 2ºC de incremento de la temperatura global respecto a la época preindustrial, usando para ello las tecnologías actualmente disponibles o aquellas que se espera sean comercializadas en las próximas décadas e incidiendo en el ahorro energético.
Se trata además de un problema que afecta y afectará de forma más severa a los países empobrecidos que en modo alguno son responsables de su génesis. Entre las consecuencias más graves está la pérdida de producción agraria que aumentaría la inseguridad alimentaria, mayores dificultades para disponer de agua y mayor vulnerabilidad a enfermedades y catástrofes climáticas como sequías o inundaciones. Hay consenso en que el cambio climático hará crecer el número de refugiados ambientales.
En España esta subida de temperatura ha sido aún mayor y ello se ha traducido en que nuestros glaciares han reducido su extensión y las olas de calor y las sequías (como la que ahora padecemos) son cada vez más frecuentes. Es también perceptible una menor disponibilidad de recursos hídricos. Todos estos factores están teniendo ya graves consecuencias para sectores importantes de la economía como el agrario y el turístico.
Nuestro país debe reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero. El Gobierno no tiene excusas para no actuar con la contundencia que los datos reflejan, particularmente dado el aumento de las emisiones en España, muy por encima del límite marcado por el Protocolo de Kioto.
A finales de Enero, la Comisión Europea presentó el “Paquete energético europeo” constituido por diferentes documentos legislativos para reducir las emisiones Europeas. Consideramos que el objetivo de reducción establecido en este paquete es insuficiente ya que considera la reducción global del 20% de emisiones para el año 2020 para Europa de los 27, comparado con los niveles de 1990, cuando los científicos del IPCC hablan de que se necesitan reducciones en los países desarrollados de entre el 25% y el 40% para evitar impactos destructivos en los ecosistemas, la economía y las sociedades. También es este el nivel de reducción reflejado en el acuerdo alcanzado por Naciones Unidas en Bali, y es el propio objetivo de la Unión Europea.
Por ello pedimos a los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas que implanten objetivos, planes y medidas concretas y urgentes para luchar contra el cambio climático y al gobierno que lidere esta lucha abogando por objetivos dentro de la Unión Europea mas ambiciosos. Pedimos que el gobierno apoye objetivos de reducción dentro de la Unión Europea, al menos un 30% para el año 2020 y un 80% para el año 2050, y adicionalmente a ello destine fondos para financiar la adaptación en países empobrecidos y su desarrollo limpio, que pueden proceder de la fiscalidad sobre los combustibles fósiles y nucleares. Estos fondos deben acompañarse de transferencias de tecnología en condiciones justas y de un cambio en las reglas del comercio mundial que reduzcan las desigualdades.
Además, el reparto que se ha hecho entre los Estados miembros tiene un efecto perverso para algunos países como España que han aumentado mucho sus emisiones entre 1990 y 2005. El objetivo de reducción de emisiones para nuestro país es más ambicioso en 2012 que el propuesto para 2020. Esta inexplicable situación no incentiva medidas de eficiencia energética en sectores como la edificación y el transporte. Por ello, pedimos al gobierno que cumpla el Protocolo de Kyoto principalmente con medidas internas y se comprometa con objetivos nacionales para 2020 mucho mas ambiciosos que los establecidos en el Paquete energético, que en ningún caso deberán ser menos ambiciosos que los establecidos por el Protocolo de Kioto.
Asimismo, el objetivo del borrador de la Directiva europea relativo a energías renovables es insuficiente para España si se quiere mantener el liderazgo en el sector. No debe además olvidarse que en nuestro país existen abundantes recursos energéticos renovables, un tejido industrial potente y en claro desarrollo y un nivel científico y tecnológico puntero. Según los datos disponibles, en 2007, había en España unos 90.000 puestos de trabajo directos en energías renovables, que ascendían a casi 200.000 si también se consideran los empleos indirectos. Un empleo que además es estable y de alta cualificación. Considerando el gran potencial español, nuestro país podría asumir un objetivo superior a otros países con menores posibilidades para estos desarrollos. Pedimos que se establezca que, al menos, el 30% de la energía primaria en España proceda de fuentes renovables en 2020.
Los cambios más urgentes y necesarios deben centrarse en la planificación energética a medio y largo plazo (modificando las leyes del sector eléctrico y de hidrocarburos en lo que sea necesario). Deben establecerse objetivos para el ahorro de energía y la producción renovable, tales como: reducción de la demanda de energía primaria en un 20% respecto a 2005 para 2020, contribución de las renovables a la energía primaria del 30% en 2020 y del 80% en 2050, a la generación de electricidad del 50% en 2020 y del 100% en 2050, y a la climatización de edificios del 80% en 2050.
